Posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%, dentro de este porcentaje, la Amazonía es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública para el fortalecimiento institucional para el control a la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos.
Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que pueden traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencia y debilidades en su proceso de implementación y ofrecer así, recomendaciones para fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.
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ISBN-13
978-628-7764-10-1 (9786287764101)
Schweitzer Klassifikation
Natalia Katixa Escobar
Socióloga, especialista en planeación territorial y magíster en Geografía. Investigadora en temas sobre conflictos socioambientales, deforestación y justicia ambiental. Actualmente es coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental en Dejusticia.
Kelly Giraldo Viana Abogada, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad eafit. Se ha desempeñado en los últimos años como
investigadora en materia de política criminal, derecho penitenciario y asuntos de género. Actualmente es investigadora en la Línea de
Sistema Judicial en Dejusticia.
Daniela Cardona Arciniegas
Abogada en proceso de doble titulación con Geografía. Especialista en Justicia, Víctimas y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Fue pasante y posteriormente asistente de investigación para la Línea de Justicia Ambiental en Dejusticia. Actualmente es abogada en la Comunidad de Juristas Akubadaura.
Laura Santacoloma
Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, Buenos Aires y doctora en Derecho de la misma universidad. Exdirectora de la Línea de Justicia Ambiental.
Actualmente es coordinadora del Programa de Prevención y Justicia Ambiental en unodc.
