Tras siglos de historia en los que la tortura llegó a ser una pieza clave en los sistemas penales, fruto del reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos, la comunidad internacional alcanzó el acuerdo de considerar la tortura como un atentado frontal contra la dignidad de la persona y su integridad moral y la prohibió de forma absoluta, imponiendo el deber general de erradicarla. Este libro analiza el alcance y tratamiento jurídico de esta prohibición, tanto a nivel internacional como en nuestro ordenamiento jurídico interno, examinando, por un lado, los instrumentos legales internacionales existentes y los específicos de los sistemas de protección interamericano, africano y europeo, y por otro, los tipos penales contenidos en los artículos 174 a 177 del Código Penal, sobre los cuales se efectúa un estudio íntegro de los elementos que los conforman. Asimismo, se subrayan los principales problemas que vienen a posibilitar el que, a pesar de tan reforzada protección, la tortura siga siendo hoy día una realidad existente en la práctica totalidad de los Estados.
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ISBN-13
978-84-18996-91-7 (9788418996917)
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María Perandones Alarcón es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Derechos Humanos en la especialidad: la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y experta universitaria en Criminología por la UNED. Es autora de la monografía «El incumplimiento por el Estado español del deber de erradicar la tortura», así como de varios artículos en revistas especializadas en derecho penal, filosofía del derecho y derecho civil; asimismo ha sido ponente en cursos y seminarios sobre estas materias en distintas instituciones (Viceconsejería de Asuntos Sociales, CSIC, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, etc.). Ha ejercido la abogacía especializándose en derecho penal y contratación civil. También ha sido mediadora en asuntos jurisdiccionales y ha colaborado con asociaciones que trabajan con personas en situaciones de exclusión social y privadas de libertad asesorándolas jurídicamente. En la actualidad es funcionaria en la Administración de Justicia.
